Quiebras y Concursos en la legislación guatemalteca  

Por: María del Pilar Bonilla de Robles

Bonilla, Montano & Toriello

En Guatemala, lo relacionado con los concursos y las quiebras esta regulado fundamentalmente, en tres leyes: El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107 y sus reformas, (1963); la Ley de Bancos y Entidades Financieras, Decreto 19-2002 del Congreso y el Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República.[1] No existe un cuerpo legal que regule la materia en forma específica, es decir, una ley que tenga como único objeto la materia de concursos y quiebras. El Código Procesal Civil  y  Mercantil (CPCM) trata la materia dentro de  los procesos de ejecución, bajo el título de Ejecuciones Colectivas. Tal Código es de aplicación general, excepto para entidades bancarias y financieras, que tienen un procedimiento especial regulado en la Ley de Bancos y Entidades Financieras (LBEF). Lo relacionado con las figuras delictivas derivadas de los procesos de ejecución colectiva, está regulado en el Código Penal (CP).

En este artículo se pretende presentar de manera sintética la regulación vigente en esta materia, cuyo conocimiento resulta de vital importancia para los inversionistas. Si bien una actividad se inicia con miras a largo plazo, las vicisitudes financieras pueden dar lugar a situaciones no deseadas que deben tomarse en consideración.

Los concursos y la quiebras tienen el carácter de universales (puesto que recaen sobre la totalidad del patrimonio del deudor, en virtud del principio de responsabilidad patrimonial universal) y  atractivos (puesto que tienen fuero de atracción de cualquier proceso que se lleve contra o a favor del deudor). En ellos se regulan las instituciones propias de este tipo de procesos con algunas variantes, como que no distinguen si se inicia en contra de deudores civiles o mercantiles, tampoco hace distinción si las deudas en virtud de las que se inicia deban ser civiles o comerciales. La única distinción se hace en materia penal, en donde los delitos de quiebra fraudulenta o culpable sólo pueden ser cometidas por comerciantes. Sin embargo, cualquier persona puede ser sujeto activo del delito de alzamiento de bienes, cuya tipificación es amplia.[2]

Considero importante hacer notar que la legislación contenida en le CPCM, en materia de quiebras no busca ser una herramienta de ayuda al deudor en problemas; se trata de un proceso de ejecución en el que lo que se busca es liquidar el patrimonio del deudor, a efecto de hacer pago a sus acreedores. No busca salvar la empresa o ser instrumento para que un deudor intente salir de una situación comprometida, sin ocultar su situación financiera real. Es distinto el caso de entidades bancarias y sociedades financieras, para las que existe la posibilidad de reorganización a través un plan de regularización.

En cuanto a la diferencia entre un proceso de concurso y uno de quiebra, la misma radica en su finalidad, pues los concursos vienen a ser procesos preventivos a efecto de evitar la quiebra, o llegar a un acuerdo cuanto ésta ya se ha dado, mientras que la quiebra es un proceso ejecutivo. Se puede apreciar que la legislación en materia de quiebras y concursos es distinta a la institución en los Estados Unidos de América, donde al amparo del Chapter Eleven, un deudor puede declararse en quiebra a efecto de salvar su negocio y con la ayuda de los instrumentos que rodean la institución, pagar a sus acreedores, sin que ello implique necesariamente la liquidación de tal negocio.

Como se mencionó, el CPCM es una ley de carácter adjetivo y desarrolla ampliamente todo el trámite procesal para los tres grandes procesos que de conformidad con la ley guatemalteca comprenden las ejecuciones colectivas:[3]   

- El concurso voluntario de acreedores

- El concurso necesario de acreedores

- La quiebra

El concurso voluntario de acreedores:

Se trata de un proceso por el cual varios acreedores pueden llegar a un acuerdo de naturaleza voluntaria a propuesta del deudor, quien puede ser persona natural o jurídica, comerciante o no comerciante, que haya suspendido o esté próximo a suspender el pago corriente de sus obligaciones. También puede iniciar un concurso voluntario el deudor declarado en quiebra, mientras la misma no hubiere sido declarada fraudulenta o culpable. La finalidad del concurso es que deudor y acreedores lleguen a un convenio, el cual tiene naturaleza vinculante y obligatoria. Tal convenio o acuerdo puede ser judicial o extrajudicial.[4]

El concurso necesario de acreedores:

Este proceso ya no tiene naturaleza voluntaria, procede contra el deudor que haya suspendido el pago corriente de sus obligaciones y cuyo convenio no ha sido aprobado (en caso se hubiere intentado un concurso voluntario previo) o bien, contra el deudor que tiene tres o más ejecuciones pendientes y no hay bienes suficientes y libres para cubrir las cantidades que se reclaman.

Este proceso, semejante en muchos aspectos al voluntario, se diferencia del mismo porque no es iniciado por el deudor, sino por los acreedores. Tiene algunos problemas, como que se declara –con todas las consecuencias que ello implica- sin notificar al deudor, lo cual puede resultar controversial desde el punto de vista constitucional y legal; además, existe la posibilidad de que se imponga prisión al deudor por incumplir la obligación de presentar determinados documentos ante el tribunal.

Quiebra:

Procede la declaración de quiebra en los siguientes casos:

1.  Cuando no se aprueba el convenio previo

2.  Cuando no se llegue en el concurso necesario a un avenimiento entre deudor y sus acreedores en cuanto a la administración y realización de bienes y el pago del pasiv

3.  Cuando uno o varios acreedores lo soliciten, porque su deudor ha suspendido el pago corriente de sus obligaciones, y:

a)  los acreedores rechazaron el convenio que propuso

b)  el juez desaprobó el convenio propuesto

c)  cuando hay tres o más ejecuciones pendientes contra el mismo deudor y no hubiere bienes suficientes y libres para cubrir las cantidades que se reclaman

Es decir, que entre otros casos, procede la quiebra cuando no han terminado satisfactoriamente los procesos de concurso (incisos 1 y 2); pero no se trata de un requisito sine qua non, pues bastaría con el caso señalado en la literal c) para iniciar el mismo; sin embargo, al respecto existe el criterio de que como este es también uno de los supuestos del concurso necesario, debe intentarse el mismo antes.

El proceso de quiebra, como ya se señaló no tiene naturaleza preventiva, sino es un proceso de ejecución colectiva, en el que lo que se remata es el patrimonio del deudor a efecto de pagar sus obligaciones, en el orden o graduación establecido en la ley. De esta suerte, la finalidad de la quiebra es la realización de los bienes del deudor en subasta pública para hacer pago a los acreedores con el producto de la venta. Si los bienes no se pueden vender se pueden distribuir, a efecto de hacer pago con los mismos mediante adjudicación individual o conjunta a los acreedores.. Y si no admiten división, se puede acordar darlos en copropiedad a varios acreedores bajo las bases de una sociedad y en la proporción que les corresponda.

Regulación específica para entidades bancarias y financieras.

En la Ley de Bancos y Entidades Financieras (LBEF) se prevé un trámite diferente para cuando una entidad bancaria o financiera de las reguladas por dicha ley enfrenta problemas patrimoniales. No comprende un proceso concursal, como en el CPCM, sino un proceso que inicia con la obligación de informar a la Superintendencia de Bancos[5] (SB) cuando hay “deficiencia patrimonial”; y como consecuencia se debe presentar un “plan de regularización”. Este plan de regularización es supervisado por la SB a efecto de intentar pagar las acredurías pendientes y que el banco salga adelante, evitando un problema financiero de mayores proporciones.

Si este plan no funciona o no se lleva a cabo en la forma establecida, procede la suspensión de operaciones del banco o entidad financiera de que se trate por la Junta Monetaria[6] (JM). Esta suspensión implica el nombramiento de una Junta de Exclusión de Activos y Pasivos (JEAyP), que tiene como finalidad determinar las pérdidas, disponer la creación de un fideicomiso para recibir los activos; excluir pasivo y trasladarlo a otros bancos, los que recibirán como contrapartida certificados de participación emitidos por el fideicomiso.              

Todo este procedimiento con el objeto de lograr hacer pago de las obligaciones de la entidad. Una vez concluido el mismo, la JM con base en el informe que rinda la  JEAyP sobre la transparencia del proceso procede a pedir a la SB solicitar la declaratoria de quiebra ante los órganos jurisdiccionales competentes y por un proceso más rápido que señala la LBEF. En este momento el proceso se vuelve judicial y tiene por único objeto la declaratoria de quiebra.

Se trata pues, de un procedimiento distinto, más sencillo y rodeado de menores formalismos. Nunca se ha llevado a la práctica por ser de reciente creación.

Responsabilidad penal

La legislación penal guatemalteca, dentro de los llamados “Delitos contra la economía nacional, el comercio y la industria”, dedica el capítulo II a los delitos “De la quiebra e insolvencia punible”; en el mismo se tipifican las siguientes figuras[7]

1. Quiebra fraudulenta[8]                            

2. Quiebra culpable[9]      

3. Responsabilidad personal                      

4. Complicidad

5. Alzamiento de bienes                            

6. Quiebra de sociedad irregularmente constituida

7. Concursado no comerciante

- Los delitos de quiebra fraudulenta y culpable presentan tres problemas fundamentales:

a. Se trata de delitos que no tienen  tipificación en la ley penal, pues la norma no señala los elementos que dan lugar al ilícito y sólo se señala la pena; se trata de un caso de los llamados “delitos en blanco”. Así, se cometen cuando se ha declarado por el juez civil que la quiebra es culpable o fraudulenta. Sin embargo, en la ley civil no se dan lineamientos específicos al juez civil para determinar cuándo una quiebra es culpable, cuándo es fraudulenta y cuándo es fortuita. Lo cual puede resultar un inconveniente puesto que existe la imposibilidad de crear figuras delictivas por analogía.

b. Las normas penales señaladas, sólo presentan la posibilidad que sea un comerciante el sujeto activo de los mismos, a pesar que la normativa procesal establece la posibilidad que cualquier persona pueda ser declarada en quiebra.

c. Para poder iniciar las acciones penales, debe declararse previamente por el juez civil que conoce de la quiebra que la misma es culpable o fraudulenta, básicamente, por el principio de prejudicialidad que rige nuestro sistema procesal penal.

- En cuanto a la responsabilidad personal, se refiere a cuando “sea declarada en quiebra una empresa mercantil” tienen  responsabilidad penal personal los directores, administradores o liquidadores que hubieren cooperado a la ejecución de alguno de los actos ilícitos que la motivaron la quiebra.

- El delito que resulta más viable aplicar, es el de alzamiento de bienes, por su carácter general,  puede ser sujeto activo cualquier persona, sea o no comerciante y no se necesita  haber iniciado un proceso de concurso o de quiebra.

- Finalmente, puede iniciarse un proceso penal contra un concursado no comerciante,  cuando su insolvencia es resultado de alguno de los casos establecidos en la norma penal. Además, puede aplicarse a este delito la complicidad en los mismos términos que para la quiebra fraudulenta.

- Dentro de las penas accesorias que se señalan en el Código Penal, existe la inhabilitación especial, por la que se puede privar a una persona para ejercer determinados derechos o una profesión. Tal es el caso del declarado en quiebra en proceso penal,  por eso la última parte de los procesos de ejecución colectiva comprende el trámite de rehabilitación que pide el fallido, en caso que como consecuencia de la quiebra se le hubiere privado del ejercicio de ciertos derechos o se le hubiere incapacitado para ejercer una profesión u otra actividad.[10]

Finalmente, a manera de conclusión es importante señalar que, a pesar que no existe una legislación de tipo sustantivo que regule los procesos de concurso y quiebra, la legislación vigente es estable, previsible, transparente, precisa y completa; intenta proteger y salvaguardar los derechos de los acreedores quirografarios, ya que aquellos que gozan de una garantía hipotecaria o prendaria, se encuentran al margen del fuero de atracción los reclamos de tales créditos, por lo que éstas serán pagadas y el sobrante que hubiere es el que se entrega al depositario de la quiebra. No existe un ente estatal encargado de vigilar la situación financiera de los comerciantes, salvo el caso establecido para las entidades bancarias y financieras, donde interviene la SB y la JM. Salvo las entidades sujetas a la LBEF, cualquier persona, natural o jurídica, comerciante o no comerciante, puede ser sujeto de concurso o quiebra.  Para el caso de entidades del Estado, para cada caso concreto, se decreta una ley específica por el Congreso que establece las bases de la disolución y liquidación de las mismas.[11]  De conformidad con la legislación guatemalteca, no existe obligación, por parte del deudor de declararse en quiebra, es una cuestión optativa; salvo para las entidades bancarias y financieras, que deben informar cuando tienen una deficiencia patrimonial, de lo contrario se les aplican sanciones legales.

Varias instancias han puesto de manifiesto  la necesidad de crear una ley específica para la materia, incluso el Proyecto de Código Procesal General, presentado por la Corte Suprema de Justicia al Congreso sólo propone enmiendas de carácter transitorio, pues dada la complejidad y especialización del tema, se ha dicho debe ser tratado en una ley específica. Si fuera el caso que se aprueba el Código Procesal General, se dejaría sin vigencia el actual CPCM lo cual implica la necesidad de tal regulación; quizá es un momento oportuno ya que se cuenta con una actitud positiva en las autoridades gubernamentales.

El análisis anterior sólo pretende hacer un diagnóstico del estatus de la institución en la legislación vigente así como mencionar alguna opinión que pueda resultar de  importancia respecto del tema.

Para mayor información sobre este artículo, puede contactar a 

María del Pilar Bonilla de Robles, mpbonilla@bonilla.com.gt

Bonilla, Montano & Toriello

Guatemala

Bankruptcies and Bankruptcy proceedings in Guatemalan Legislation

By:  María del Pilar Bonilla de Robles

Bonilla, Montano & Toriello

In Guatemala, three laws fundamentally regulate all what is related with Bankruptcies and bankruptcy proceedings, these are:  Civil and Commercial Procedure Code, decree with force of law No. 107 and its modifications, (1963); Banks and Financial Organizations Law, decree with force of law No. 19-2002 of the Congress and the Penal Code, decree with force of law No. 17-73 of the Republic Congress.[1]   There is no legal body, which regulates the matter in a specific way, this means, a Law that could have as an only aim the matter regarding the bankruptcies and bankruptcy proceedings.  Civil and Commercial Procedure Code talks about this matter in a writ of execution, under the title of Collective Executions. Such Code is generally applied, with the exception of the Bank and Financial Organizations, which have a special procedure regulated by the Banks and Financial Organizations Law.   All what is related with codified offenses resulting from the writ of collective executions is regulated under the Penal Code.

In this article it is expected to present in a brief way, the in force regulation regarding this matter, because it is of vital importance for investors.   If an activity begins with long-term views, financial vicissitudes may give as a result non-wanted situations, which must be taken under consideration.

The bankruptcy proceedings and bankruptcies have the quality of universals (that is because they relapse into the totality of the debtor’s wealth, because of the doctrine of wealth universal liability.) and they are attractive (because they have ancillary jurisdiction of any procedure that is taken against or in favor of the debtor) Inside them, all this specific kind of institutions that belong to these procedures are regulated with some variations, such as, that they don’t distinguish if the procedure will start against civil or commercial debtors, and it doesn’t distinguish either  if the original debts must be civil or commercial.   The only distinction is made under the criminal matter, where the crimes of fraudulent or guilty bankruptcies can only be committed by merchants. However, any person can be an active part of the absconding of assets crime, of which typification is wide.[2]

I think it is important to take notice that the legislation contained in the Civil and Commercial Procedure Code, regarding bankruptcies is not looking forward to be a debtor’s help tool.   It is all about an execution process, on which what is meant to be is to settle the debtor’s wealth, to settle payment to his or her creditors.   It doesn’t look forward to save the enterprise or be the tool so the debtor could try to get out of any difficult situation without hiding his or her real financial situation.

It becomes different to Banking Institutions because for those it exists the possibility of reorganization through a regularization plan. Regarding the difference between a bankruptcy proceeding and the bankruptcy, the same lies on its finality that is because the bankrupt proceeding becomes preventive processes to avoid bankruptcy or to get to an agreement when this is already there, while bankruptcy is an executive process. It can be noticed that legislation on Bankruptcy proceeding and bankruptcy matter is different in the United States of America Institution where to the legal protection of Chapter Eleven, a debtor can be in adjudication of bankruptcy to save his or her business while paying the creditors with the help of the institution’s tools, this won’t necessary implicate the business liquidation.

As it was mentioned, the Civil and Commercial Procedure Code is an objective purpose law and it widely develops every procedural formality for the three great proceedings that include collective executions. [3] Conformably Guatemalan Law:

1. Voluntary Bankruptcy proceeding for non-merchants

2. Involuntary Bankruptcy proceeding

3. Bankruptcy

1. Voluntary Bankruptcy proceeding for non-merchants:

It is about a proceeding through which many non-merchants can get to a voluntary order agreement by the debtor’s proposal, who can be a natural or juristic person, merchant or non-merchant, anyone who is or is about to stop the payment of his or her obligations.  The debtor adjudicated of bankruptcy can also initiate a voluntary bankruptcy proceeding, as long as this has not been declared guilty or fraudulent.  The purpose of the Bankruptcy proceeding is that both, debtor and creditor will get into an agreement, which has binding and obligatory nature. Such agreement or deal can be judicial or extra judicial.  [4]

2. Involuntary Bankruptcy proceeding:

This proceeding does not have a voluntary order; it proceeds against the debtor that has stopped the payment of his or her obligations, whose agreement has not been approved yet (if a prior Voluntary Bankruptcy proceeding had been attempted) or well against the debtor that has three or more pending executions and there is not enough and free goods to cover the claimed amounts.

This proceeding, alike in many aspects to the voluntary bankruptcy proceeding has an only difference, which is that it is initiated by the creditors instead of the debtor. It has some difficulties such as, it is declared without a previous notification to the debtor (taking all consequences from it) this can become controversial from the legal and constitutional point of view, besides there is the possibility to impose capture to the debtor for the non-compliance of the obligation to present certain documents in court.

3. Bankruptcy:

Adjudication of bankruptcy proceeds in the following cases:

1. When the prior agreement is not approved.

2. When the Involuntary Bankruptcy proceeding does not reach a settlement between the debtor and his or her creditors regarding to the administration and fulfillment of goods and the payment of liabilities.

3. When one or more creditors would ask for it, because the debtor has stopped the payment of his or her obligations, and:

1. Creditors rejected the agreement proposed.

2. Judge disapproved the agreement proposed.

3. When there is three or more pending executions against the debtor himself, and there is not enough and free goods to cover the claimed amounts.

This means, among other cases, that bankruptcy proceeds when there has not been satisfactorily finished the Bankruptcy proceeding (No. 1 and 2) but it is not about sine qua non requirement, because then the case mentioned in letter C) would be enough to begin this.  However, regarding this exists the judgement, as this is also one of the assumptions of Involuntary Bankruptcy proceeding, it must be tried before. 

As mentioned before, Bankruptcy proceeding does not have preventive nature, because it is a collective execution process, on which what is auctioned is the debtor’s wealth to pay his or her debts or obligations according to law.  The purpose of Bankruptcy is the development of the debtor’s goods in public auction to pay the creditors with the sale’s product. If the goods cannot be sold, they can be distributed, by making the payment with them by means of individual or collective adjudication with creditors.   If they don’t admit division, it can be resolved by common consent to give the goods to many creditors by joint ownership under society bases, evenly.

Specific regulation to banks and financial organizations:

The banks and financial organizations law anticipates a different proceeding for when a bank or financial organization, from the ones regulated by this law, confronts patrimonial problems.  It does not include a proceeding as in the Civil and Commercial Procedure Code, but includes a proceeding that begins with the obligation to inform the Bank Superintendence [5] when there is “Patrimonial Deficiency” consequently a “Regulation Plan” must be presented.

The Banks Superintendence supervises this “Regularization Plan” to pay the pending debts, so the bank can go on, avoiding a bigger financial problem. If this plan does not work or is not carried out on the established way, the interruption of operations of the bank or financial institution from the Monetary Board[6] proceeds.

This interruption implicates the nomination of a Board of assets and liabilities exclusion whose purpose is to determine the loses, dispose the creation of a trust, to get the assets, exclude the liabilities and move them to other banks that will receive as the opposite party participation certificates emitted by the trust.

All this proceeding is meant to make the payment of the entity’s obligations.  Once it is finished, the Monetary Board based on the board of assets and liabilities exclusion report about the transparency of the procedure, begins to ask the Banks Superintendence the declaratory of bankruptcy before the capable jurisdictional organs and by a faster proceeding indicated by the Banks and Financial Organizations Law.  At this time the proceeding becomes judicial and the only object is the adjudication of bankruptcy.

This is a different proceeding, more simple with less formalisms. As it is a recent creation, it has not been accomplished yet.

Criminal Liability:

Guatemalan Criminal Legislation, among the crimes named:  “Crimes against National Economy, Commerce and Industry” dedicates Chapter II, to crimes “Of the Bankruptcy and Punishable Insolvency” with this one the following figures[7] are classified:

1. Fraudulent Bankruptcy [8]

2. Guilty Bankruptcy[9]

3. Personal Liability

4. Complicity

5. Absconding of Assets

6. Bankrupt of an irregularly composed society

7. Non-merchant Insolvent

Crimes of fraudulent and guilty Bankruptcy present three fundamental  problems:

1. About non-classified crimes in the Criminal Law because the pattern does not indicate the elements that permit the illicit and it only points out the punishment.  It is about a case of the named “White Crimes” they are committed when a Civil Judge declares that the Bankruptcy is guilty or fraudulent. However, in the Civil Law, there are no specific indications for the Civil Judge to determine when a Bankruptcy is guilty, when is fraudulent or when is fortuitous, which can result of inconvenience because there is the impossibility of creating criminal figures by analogy.

2. The indicated criminal patterns, only present the possibility that a merchant could be the active subject, even if the procedure rules establishes the possibility that any person could be adjudicated of bankruptcy.

3. To begin criminal actions the Civil Judge that knows about the Bankruptcy must previously declare that it is guilty or fraudulent basically by the principle of prejudgement that rules our Criminal Procedural System.

Regarding personal liability, it means, when  “a business association is adjudicated of bankruptcy”.  Directors, administrators or liquidators that had been cooperated during the execution of some of the illicit actions that caused the bankruptcy have the criminal personal liability.

The crime that is more viable to apply is the absconding of assets; any person can be an active subject, merchant or non-merchant, and there is no need that the bankruptcy proceeding has begun.

Finally, a criminal procedure against the non-merchant insolvent can begin, when his or her insolvency is a result from some of the established cases in the criminal rule.  Besides, it can be applied to this crime the complicity in the same terms as in the fraudulent bankruptcy.

Among the accessory penalties pointed in the Criminal Code, there is a special inhabilitation by which a person can be deprived of practicing determined rights or a profession.  Such is the case of the adjudicated of bankruptcy during the criminal procedure, that is why the very last part of the collective execution proceedings include the procedure of rehabilitation that bankrupt asks, in the case that as a consequence of bankruptcy has been deprived of the practice of certain rights or has been disabled to practice a profession or any other activity.[10]

Finally, as a conclusion, it is important to notice that, in spite of there is not a fundamental type of legislation, which regulates the Bankruptcy proceedings and bankruptcy, the valid legislation is stable, foreseeable, transparent, accurate and complete; it attempts to protect and safeguard the general creditor’s rights, because those who enjoy of a security of mortgages or pignorative, the claims of such credits are on the code of laws, so these will be paid, and with the remaining, if there is any, will be given to the bankruptcy custodian.    There is no state-owned entity in charge of watching the financial situation of the merchants, unless the established case for the Banks and Financial Organizations where the Banks Superintendence and the Monetary Board takes part.  Except the entities subject to the Banks and Financial Organizations Law, any natural or juristic person, merchant or non-merchant can be subject to the bankruptcy proceeding or bankruptcy.  For the state entities, every single case, a specific law is decreed by the Congress, which establishes the bases of dissolution and liquidation of the same.[11]

In accordance to Guatemalan Legislation, there is no obligation from the debtor to be adjudicated of bankruptcy, it is an optional matter, except from the banks and financial organizations that must inform when exists a patrimonial deficiency, otherwise legal sanctions will be applied.

Many requests have putted as manifesto the necessity to create a specific law to rule this matter, including the Project of the General Criminal Procedure Code, presented by the Supreme Court to the Congress, it only proposes amendments of transitory purpose, because due to the complexity and specialization of the matter, it has been said that it must be treated in a specific law.  If the General Criminal Procedure Code is approved, then the actual Civil and Commercial Procedure Code will be without effect, which implicates the necessity of such regulation; maybe it is the perfect moment, because now we can count with the positive attitude of the government authorities.

The previous analysis just pretends to make a diagnostic of the institution status in the in force legislation, as well as to mention an opinion that may result of importance regarding the subject.

For further information about this article you can contact

María del Pilar Bonillla de Robles   mpbonilla@bonilla.com.gt

Bonilla, Montano & Toriello

Guatemala